Reglamento General de Protección de Datos
El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) es el reglamento europeo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos en la UE y el Espacio Económico Europeo (EEE). El RGPD es un componente importante de la legislación de la UE sobre privacidad y de la legislación sobre derechos humanos, en particular el artículo 8, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. También aborda la transferencia de datos personales fuera de la UE y de las zonas del EEE. Entró en vigor el 24 de mayo de 2016 y fue de aplicación el 25 de mayo de 2018, dos años durante los cuales las empresas, las organizaciones, los organismos y las instituciones se fueron adaptando para su cumplimiento. Como el RGPD es un reglamento, no una directiva, es directamente vinculante y aplicable, y ofrece flexibilidad para que los Estados miembros ajusten determinados aspectos del reglamento. El objetivo principal del RGPD es mejorar el control y los derechos de las personas sobre sus datos personales y simplificar el entorno normativo para los negocios internacionales. El Reglamento, que sustituye a la Directiva 95/46/CE sobre protección de datos, contiene disposiciones y requisitos relacionados con el tratamiento de los datos personales de las personas, denominadas formalmente "interesados", que se encuentran en el EEE, y se aplica a cualquier empresa -independientemente de su ubicación y de la ciudadanía o residencia de los interesados- que procese información personal de personas dentro del EEE.. Las multas por el no cumplimiento del RGPD pueden llegar a los 20 millones de euros.
En España, el RGPD dejó obsoleta la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) de 1999, siendo sustituida el 6 de diciembre de 2018 por la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, acorde con el RGPD.[1]
El Reglamento se convirtió en un modelo para muchas otras leyes en todo el mundo, como en Turquía, Mauricio, Chile, Japón, Brasil, Corea del Sur, Sudáfrica, Argentina y Kenia. A partir del 6 de octubre de 2022, el Reino Unido mantiene la ley en idéntica forma a pesar de dejar de ser Estado miembro de la UE.
